Las
fotografías que encabezan esta entrada están realizadas en una de las
posiciones más emblemáticas del frente de Las Rozas, el vértice Cumbre, posición
de la que hemos hablado en diferentes apartados de este blog.
En
estas fotografías puede apreciarse perfectamente el panorama que ha dejado tras
de sí la visita de alguien con un detector de metales. El destrozo realizado es
mucho mayor que el que se muestra en las imágenes, habiendo quedado el entorno
repleto de hoyos y agujeros de diferentes tamaños y profundidades.
El
vértice Cumbre es una de las poquísimas posiciones de la GCE que se encuentran
incluidas en la Carta Arqueológica de la Dirección General de Patrimonio de la
CAM, es decir, que cuenta con un alto grado de protección, pero esta
circunstancia no parece haber importado lo más mínimo al protagonista de esta
incursión, cuyos agujeros, en algunos casos, han supuesto una agresión a las propias estructuras de
las fortificaciones, contribuyendo así, a su deterioro y degradación.
Lo
ocurrido en el vértice Cumbre no es una excepción, sino un ejemplo más de las
múltiples agresiones que, cada vez con más frecuencia, sufren los yacimientos
de la GCE, no solo en la Comunidad Autónoma de Madrid, sino en el conjunto del
territorio nacional.
En
ocasiones, en los diferentes paseos o visitas que uno realiza a lugares relacionados
con la GCE, debido al efecto de las lluvias, los trabajos agrícolas, las obras,
etc., uno se puede topar, puntualmente, con ciertos objetos que aparecen en
superficie. Entiendo que recoger estos objetos, limpiarlos y catalogarlos, no
es perjudicial para el patrimonio histórico y arqueológico, porque sin alterar
ningún entorno, se recuperan cosas que, de otra manera, posiblemente se
perderían para siempre. Pero otra cosa muy diferente es acudir a un yacimiento
provisto de detector de metales y herramientas para excavar y, sin ningún
escrúpulo, alterar el contexto del yacimiento, destruyendo su registro
arqueológico, con el único objetivo de arrancarle los objetos que pueda ocultar
bajo tierra, eliminado así, la información que el estudio científico de ese
yacimiento pudiera proporcionar.
El
uso y abuso de detectores de metales está llegando a unos niveles muy
preocupantes en nuestro país. En los últimos tiempos, está practica ha
experimentado un auge impresionante. Respecto a los entornos y yacimientos de
la GCE, la situación resulta más que preocupante, siendo estos lugares
visitados, de manera reiterada y sin el más mínimo control ni sentido de la medida,
por cientos de detectoristas de una manera cotidiana y en imparable aumento.
En
un país como España, que ni por parte de las instituciones, ni por parte de la
generalidad de la sociedad, se ha caracterizado nunca por mostrar una especial
sensibilidad hacia la protección y puesta en valor de su patrimonio histórico y
arqueológico, este fenómeno del uso descontrolado de detectores de metales quizás
no llame la atención, o no se le dé demasiada importancia, pero a mí,
personalmente, es un tema que siempre me ha preocupado y cada vez me preocupa
más.
En
los últimos años, y en diferentes ocasiones, he intentado plantear el debate, bien
en foros, conferencias, rutas, escritos, blogs, páginas webs, o conversaciones
personales y, una de las cosas que más me llama la atención, es lo poco que, en
general, esta cuestión parece preocupar a la gente. Incluso, en espacios y ambientes
que supuestamente deberían de tener una especial sensibilidad sobre el tema, me
he encontrado con que muchas veces se
justifica el uso de detectores, o se tienden a minimizar las consecuencias
negativas que su uso descontrolado pueda tener.
Yo
no me creo en posesión de la verdad absoluta, y comprendo que, en ciertos
aspectos, el debate pueda resultar más complejo de lo que a priori pudiera
parecer. Tampoco pretendo demonizar, ni estigmatizar al conjunto de
detectoristas, pero, una vez más, me parece necesario reflexionar sobre esta
cuestión, y quiero aprovechar el espacio de este blog para, recopilando las
opiniones propias que sobre el uso de detectores de metales he realizado en
diferentes espacios, volver a plantear la cuestión, presentando una serie de
opiniones y reflexiones con las que contribuir a un debate que considero de
gran importancia.
En
general, la mayor parte de los restos relacionados con la GCE carecen de una protección
específica, y esto se debe, entre otras cosas, a varios factores íntimamente
relacionados entre sí:
Por
una parte, el escaso tiempo transcurrido desde el final de la contienda (al
menos, desde una perspectiva historiográfica y arqueológica), tiene como
primera consecuencia que la mayor parte de los restos relacionados con ésta,
apenas hayan sido valorados como parte del patrimonio histórico, lo que ha
provocado que durante décadas, las agresiones, destrucciones y demás acciones
negativas, se hayan desarrollado sin el menor escrúpulo ni preocupación,
habiendo primado casi siempre otros intereses particulares y económicos
(chatarreo, trabajos agrícolas, urbanismo, infraestructuras, coleccionismo…). Es
decir, no se ha generado y consolidado una
adecuada sensibilidad por parte del conjunto de la sociedad, y de las
diferentes administraciones competentes, hacia unos restos que se han visto como
meras ruinas y chatarras sin apenas importancia.
A
la vez, el escaso tiempo transcurrido desde el final del conflicto, está detrás
del poco interés que en general han mostrado los arqueólogos y profesionales por
los vestigios de la GCE. Esto se debe, fundamentalmente, a que la arqueología,
como ciencia de investigación aplicada a la etapa contemporánea, necesita de un
mínimo proceso cronológico hasta que se
define y consolida como disciplina especializada. O lo que es lo mismo, necesita
coger un mínimo de perspectiva temporal sobre el sujeto de estudio.
Todo
lo expuesto, ha provocado que hasta la fecha, y salvo excepciones muy contadas,
exista una especie de vacío legal en lo que se refiere a la protección de los
restos de la GCE.
Es
decir, por una parte, estos restos no siempre resultan fáciles de poder ser
incluidos en el mismo tipo de protección con el que cuentan los restos de periodos
más antiguos, pues carecen de una categoría similar; por otra parte, el hecho
de que todos los restos de la GCE no cuenten en conjunto o en bloque, con su
propia protección específica, provoca que las diferentes leyes de protección
vigentes que podrían ser aplicadas a estos restos, queden en el aire,
dependiendo de la interpretación que se quiera hacer de las mismas. A todo
esto, hay que sumar los muchos prejuicios, tabúes y miedos que todavía parecen existir
para afrontar los temas vinculados con la GCE, lo que complica y enrarece aún
más las cosas.
En
resumen, que tanto desde el punto de vista de la historiografía, como de la
arqueología, como de la sensibilización de la sociedad, como de la labor de las
administraciones, como de la elaboración de leyes de protección… está casi todo
por hacer.
La
cotidiana destrucción o alteración que sufren los diferentes vestigios de la
GCE (destrucción de fortines por trabajos de urbanizaciones o infraestructuras,
rehabilitaciones en edificios que no respetan huellas de impactos, desaparición
de atrincheramientos por labores agrícolas, mercado más o menos legal de restos
materiales, etc.), o mismamente, el tipo de debate que se genera en torno al
uso de detectores de metales en los yacimientos de la GCE, constituye un buen
ejemplo de la poca consideración que todavía tienen estos restos, un debate que
estoy seguro que estaría totalmente claro si estuviéramos hablando de restos
pertenecientes a otros periodos históricos (Edad Media, Antigua, Prehistoria…).
Muchas
de las personas que hacen uso de detectores de metales en los yacimientos de la
GCE, aseguran que dependiendo de dónde, cómo y para qué se utilicen estos aparatos,
no puede considerarse una práctica ilegal, ya que no estarían quebrantando
ninguna ley de protección del patrimonio. Suponiendo que tengan razón, algo que
no tengo del todo claro, me parece que, en cualquier caso, esta es una
argumentación delicada.
Para
empezar, no creo que a muchas de las personas que utilizan detectores de
metales les importe demasiado esta cuestión, al menos, mientras las
administraciones competentes, quizás por falta de medios, por desconocimiento o
por absoluta indiferencia, sigan mostrando una amplia permisividad hacia este
tema. Un ejemplo muy ilustrativo es lo acontecido en el vértice Cumbre (con el
que iniciábamos esta entrada), un yacimiento de la GCE con la máxima protección
legal que ha sido expoliado sin el menor escrúpulo. Pero, sobre todo, porque
pienso que el debate debería de ir más allá de los aspectos estrictamente
legales.
Creo
que ha quedado bastante claro que la legislación, en lo que a protección del
patrimonio relacionado con la GCE se refiere, está en pañales, quedando casi
todo por hacer. Ya hemos visto también, como la mayor parte de los restos de la
GCE carecen de una protección específica y, por tanto, para poder preservarlos
de alguna manera, hay que intentar incluirlos en fórmulas legales en las que no
siempre encajan bien, ya que, por el poco tiempo transcurrido desde el final de
la guerra, así como por la escasa sensibilización social e institucional, no
son todavía considerados con la misma categoría que los restos pertenecientes a
otros periodos históricos.
Este
vacío legal, que permite una amplia interpretación de las leyes vigentes, es lo
que sigue permitiendo la destrucción de numerosos restos de la GCE. De esta
manera, sin quebrantar ninguna ley, se siguen destruyendo fortines, trincheras,
huellas de impactos, etc. Pero yo creo que el hecho de que algo no sea
estrictamente ilegal, no lo justifica automáticamente. Más allá de que las
leyes puedan dotar un día a estos restos de algún tipo de protección específica,
algo que supone un proceso largo y laborioso, debería de existir ya una mayor sensibilidad
al respecto, y no escudarse en supuestas legalidades o ilegalidades para
justificar cierto tipo de actuaciones que, cuando menos, resultan más que
cuestionables.
Este
tipo de justificaciones sobre el uso de detectores de metales no me sorprenden
cuando vienen de personas cuyo máximo y, muchas veces, único interés es
mercadear con los restos materiales del pasado, o acrecentar sus colecciones
particulares, pero me descolocan mucho cuando vienen de personas que dicen
tener (y muchas veces me consta que es así) un especial interés por la
protección y puesta en valor de ese mismo patrimonio histórico y arqueológico. Me
parece contradictorio reivindicar el estudio, cuidado y puesta en valor de restos
de la GCE, tales como fortines, trincheras, refugios, etc. con el fin de que
las administraciones les doten de una protección específica y, al mismo tiempo,
hacer uso de detectores en los mismos lugares en los que éstos se encuentran.
Si en algún momento se consigue que los restos de fortificaciones sean
considerados como patrimonio histórico de pleno derecho, una de las primeras
consecuencias va a ser que no se puedan usar detectores en el entorno que éstos
ocupan. Es decir, que lo que en ocasiones reivindicamos, entra en contradicción
con lo que hacemos.
Como
señalaba más arriba, comprendo que no es un tema sencillo, y que se podrían
sacar muchos matices y plantear muchas dudas al respecto, pero me chirría que
se esgrima la supuesta legalidad o ilegalidad de la cuestión. Me parece un
tanto esquizofrénico reivindicar que se cambie la legislación para dotar a los
restos de fortificaciones de algún tipo de protección, y, al mismo tiempo,
aprovecharse de la legislación actual para justificar ciertas prácticas. No lo
entiendo.
Yo
no digo que haya que dejarlo todo en manos exclusivamente de profesionales.
Respecto al estudio de la GCE y su patrimonio, es evidente que muchas de las
mejores iniciativas, proyectos y estudios que han surgido al respecto en los
últimos años, han partido de personas y asociaciones no profesionales, pero que
han mostrado, y muestran, un compromiso, una seriedad y una forma de trabajar
muy respetables. Siempre he creído que el conocimiento y acercamiento al Pasado
y a la Historia, es un derecho de toda la sociedad, pero también creo que ciertas
actuaciones, como es el caso de todas aquellas que supongan una alteración de los
yacimientos arqueológicos, deberían de ser competencia exclusivamente de técnicos y especialistas profesionales, absteniéndonos
el resto de ponerlas en práctica. Otra cosa es que como personas interesadas en
el tema y, en algunos casos, expertas en la materia, podamos colaborar, a título
personal o como asociaciones en proyectos concretos. De hecho, creo que el
modelo que mejores resultados podría dar es precisamente ese, el de la
colaboración (detectores de metales incluidos) entre profesionales, técnicos,
especialistas, investigadores, aficionados, etc.
Tampoco
pierdo la perspectiva de que, al día de hoy, la mayor parte de las
destrucciones de restos de la GCE, vienen dadas por actuaciones realizadas
desde las diferentes administraciones (urbanismo, infraestructuras…). Por eso,
es a ellas hacia las que hay que dirigir los mayores esfuerzos, por una parte,
para que tengan en cuenta estos vestigios históricos a la hora de diseñar y llevar
a la práctica sus diferentes proyectos, y por otra, para que doten a estos
restos de la protección de la que la mayoría de ellos carecen todavía.
Para
que las administraciones e instituciones competentes tomen cartas en el asunto,
y para sensibilizar cada vez a mayor número de personas sobre el valor
histórico, cultural y patrimonial que tienen los restos de la GCE, es muy
importante la labor de investigación, catalogación, protección y puesta en
valor de los mismos, que realizan desde hace años diferentes asociaciones y
particulares. Lo triste es que la misma información obtenida a través de ese esfuerzo
y trabajo de investigación, la mayor parte de las veces desarrollado de una
manera altruista y desinteresada, sea aprovechada negativamente por otras personas.
Con
todo lo aquí expuesto, no quisiera caer en el fácil y estéril debate maniqueo
de buenos o malos. Comprendo que es un tema complejo, conflictivo, con muchos
flecos y contradicciones, y en el que hay todavía mucho camino que recorrer. Pero
creo que va siendo necesario adoptar posturas más firmes al respecto, para así,
ir contribuyendo poco a poco al necesario debate sobre este tema, el cual, lo
considero más serio e importante de lo que a priori pueda parecer. Una postura personal
que, por otra parte, está constantemente abierta al intercambio, la rectificación y
el enriquecimiento con otros puntos de vista y enfoques.
Lo
que no puede consentirse es que se sigan produciendo episodios como los acontecidos
en el vértice Cumbre de Las Rozas, y en tantos otros lugares vinculados a la GCE.
Fotografías: Efectos de la utilización del detector de metales en el vértice Cumbre (JMCM, 2012).